César Hernández: “La iniciativa energética de López Obrador será frenada en los tribunales”

Durante año y medio, César Hernández (Durango, 54 años) fue un puente insólito entre dos sexenios que se consideran agua y aceite. Subsecretario de Electricidad de México con Enrique Peña Nieto entre 2014 y 2017, negoció las leyes secundarias de la reforma energética que abrió el sector a la iniciativa privada. Andrés Manuel López Obrador, nacionalista y ferviente crítico de esa liberalización, lo nombró titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). La pirueta terminó con su renuncia en mayo pasado. Ya fuera del sector público, el exfuncionario y doctor en Derecho por la UNAM critica la nueva iniciativa del Gobierno para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y relegar al sector privado y a las renovables a un segundo plano. El reciente apagón que dejó sin electricidad a 4,7 millones de habitantes del norte de México refleja, según él, los límites de la paraestatal y la importancia de las fuentes de energía alternativas. Hernández atiende a EL PAÍS vía Zoom desde el despacho de su casa.

Pregunta. El reciente apagón ha mostrado la gran dependencia del gas de Estados Unidos. Esta ha crecido mientras la producción mexicana caía en los últimos años. ¿La Administración de Peña Nieto abandonó la industria del gas?

Respuesta. El negocio del gas era menos rentable para Pemex que el de la producción de petróleo crudo. Entonces a lo largo de las últimas décadas, no solo la Administración anterior, se vio que para mantener su viabilidad financiera Pemex se concentraba en áreas rentables e invertía menos en refinación y producción de gas. La nueva Administración ha querido fortalecer estas áreas. Ahora, esa política tiene un costo y es que no son rentables.

En el sexenio pasado seguramente hubo muchos errores, pero esta Administración ya lleva dos años. La pregunta es dónde está su plan para el gas. El Gobierno tiene que comenzar a ser juzgado por sus resultados y no puede voltear al pasado en todos los casos.

P. Con los precios bajos de EE UU, ¿tiene sentido producir gas en México?

R. Tiene todo el sentido del mundo. México tiene reservas de gas no explotadas gigantescas. Parte de la estrategia de gasoductos con Estados Unidos era tener acceso preferente a un recurso muy barato y muy abundante de ese país, pero en el mediano plazo esos mismos gasoductos iban a servir para llevar gas de México a Estados Unidos.

P. ¿Tener más energía renovable habría reducido la gravedad del apagón?

R. Si hubiéramos tenido mejor conectada la energía eólica de Tamaulipas a los centros industriales del norte, donde había proyectos de transmisión que no se han realizado, estoy seguro de que la escasez de energía habría sido muchísimo menor. La falta de redes de transmisión es una manera de la CFE de frenar a los competidores. Es absurdo y miope porque le conviene incorporar la energía más barata.

P. Precisamente, la iniciativa de ley enviada por el presidente busca reforzar la CFE. ¿Cómo ve esa apuesta?

R. Es una empresa central en la economía mexicana y quieres que esté bien administrada. Es en el cómo donde yo difiero. Ni CFE ni Pemex lo pueden hacer todo. Esa idea de que pueden atender las necesidades del país enfocándose en todos los eslabones de hidrocarburos y electricidad no funciona porque no tienen los recursos ni el conocimiento técnico.

P. ¿Qué consecuencias puede tener el nuevo modelo sobre las tarifas?

R. Va a elevar los costos de la generación. El sistema eléctrico no se los transmite directamente a los usuarios, sobre todos a los residenciales. Ellos tienen una tarifa que incorpora grandes subsidios gubernamentales. En los últimos dos años de la Administración anterior estaban en torno a 50.000 millones de pesos. En los dos primeros años de esta han aumentado un 50%. Puedes decidir por una decisión política no transmitir ese costo, sobre todo a los más pobres, y me parece que es legítimo. Sin embargo, el sistema sí lo tiene que asumir.

P. ¿Y en la industria?

R. En las tarifas industriales que no están subsidiadas va a tener una afectación enorme. Son las que paga la industria exportadora mexicana que compite por el mercado de Estados Unidos con otros exportadores muy eficientes de Europa, de Asia. Allí lo que se va a ver es una caída de la competitividad.

P. ¿La iniciativa puede destruir al sector renovable? ¿Qué probabilidad hay de llegar al objetivo del 35% de energía limpia en 2024?

R. Es una iniciativa contra la transición energética. Está eliminando todo lo que iba a permitir cumplir con esa meta. Penaliza el despacho de la energía limpia, más barata, y la pone en segundo término. Se ha congelado el otorgamiento de permisos en los últimos dos años… Y hace tres semanas se presenta el plan de negocios a cinco años de la CFE y no contempla un solo proyecto en generación limpia en esta Administración.

P. El Gobierno acusa a las empresas renovables de participar en actos de corrupción con la Administración anterior.

R. En mi experiencia no vi nada. Las acusaciones tienen una base política, pero al país le conviene la inversión extranjera y española. Las empresas que han sido objeto de ataques como Iberdrola han sido muy exitosas en países que no tienen fama de corruptos. El 8% de su portafolio de activos está en México y el resto, en España, Reino Unido, Estados Unidos… Es triste que en su plan de inversiones solo el 2% esté pensado para México. Sugiere que han perdido la confianza en que este sea un lugar para expandir sus proyectos. Si hay corrupción tiene que ser sancionada, pero no es el atributo de una nacionalidad.

P. ¿Qué futuro le augura a la iniciativa si es aprobada? ¿Podría no llegar a ser aplicada?

R. Es un escenario probable. ¿Cuál es la probabilidad de que se apruebe? Cercana al 100%. ¿Pero se va a aplicar? Gran parte se va a frenar en los tribunales a través de los amparos de las empresas. Va a ser objeto de controversias constitucionales y también están los recursos internacionales. En el caso de los arbitrajes Estado-Estado, si Estados Unidos o Canadá decidieran iniciar ese procedimiento puede haber una decisión en un año.

P. Está describiendo una especie de caos legal.

R. Aunque pueda ser un triunfo político para el Gobierno el sacar la iniciativa, estaría condenándose. Va a tener un caos en la ejecución de la política y va a perder un año litigándola e intentándola aplicar. Con los problemas que está enfrentando el sistema, como el apagón, perder dos o tres años tiene un impacto.

P. Pero López Obrador está ganando la batalla del discurso…

R. Uno de los retos grandes de este debate es que muchas veces estás discutiendo con un líder político, con una legitimidad increíblemente alta, temas técnicos en los cuales él no tiene ni la formación ni el entendimiento. Pero puede ser muy persuasivo a la hora de comunicar con la población.

P. En mayo renunció a su puesto en el actual Gobierno en medio de la tramitación de nuevas normas de política energética. ¿Qué ocurrió?

R. No di declaraciones sobre este tema porque no era mi estilo como funcionario. Tuve la suerte de que me permitieran presentar la renuncia y me la aceptaron inmediatamente. Creo que el tiempo me dio la razón en que jurídicamente era una mala idea esa política [fue invalidada por la Suprema Corte este mes], como es una mala idea esta reforma legal.

P. ¿Le resultó extraño trabajar para López Obrador después de ser subsecretario de Peña Nieto?

R. Era una sensación incómoda. El presidente había dicho que mantendría la reforma energética en sus términos en los primeros tres años de su Gobierno. Eso fue cambiando a lo largo del tiempo por diversas razones. Funcionarios como el director de la CFE, Manuel Bartlett, fueron ganando peso en el ánimo del presidente. Y sí fue una situación incómoda. Imagino que para ellos también.